La lucha por el derecho al aborto en el país más
desigual del mundo
Chile, hace ya
varios años, se debate entre legislar o no acerca de uno de los derechos
esenciales de toda mujer, derecho que no se contemplan en ninguna de sus formas
en la actual legislación: el aborto. Esto no es raro si hacemos un repaso de la
actual situación que lleva el país.
Chile se
encuentra disfrazado por una sensación de bienestar económico que, por
sobretodo, mantiene en manos de unos poco la decisión de personas libres a
quienes el Estado debería garantizar su bienestar y dignidad.
Según cifras
oficiales, el crecimiento del país durante 2012, alcanzó un 4,4 %, esperándose
que rodee el 5,1 % este 2013. Pero para la gran mayoría, el impacto de este
crecimiento solo se refleja en la creación de puestos de trabajos mal
remunerados, y no en el establecimiento de mejores políticas para el bienestar
de los ciudadanos comunes y corrientes. En Chile hay empleos, pero el debate de
una mejor educación y salud aún se mantiene así, tan sólo en un debate.
Chile, el país
más desigual del mundo en materia económica, según confirma un reciente estudio
que recoge datos del SII (Servicio de Impuestos Internos) y la encuesta CASEN
(encuesta de Caracterización Económica Nacional), y que señala, en palabras de
los investigadores que ““el 1% más rico de Chile recibe 2,6 veces más ingresos
como proporción del ingreso total del país que lo que en promedio recibe el 1%
más rico en los siete países para los cuales existen datos que incluyen
ganancias de capital para el periodo considerado. Más aún, mientras que el 0,1%
más rico en Chile se lleva cuatro veces más que el promedio de la muestra de
países, el 0,01% más rico se apropia de casi
seis veces (5,8) de la proporción de la que se apropia el 0,01% más rico
en los otros seis países de la muestra”.
Según datos de
la última CASEN, la pobreza en Chile afecta con mayor fuerza a mujeres y niños,
dejándolos como los más vulnerables del sistemas, sobretodo en el caso de las
jefas de hogar. La pobreza de las mujeres llega a un 15,5 %, mientras que en
los hombres a 13,3 %.
Las críticas a
la CASEN de 2012 fueron múltiples y polémicas; se acusó al gobierno de
maquillar cifras, de no contrastar los números con el estrepitoso aumento en el
precio de los alimentos, de no tomar en cuenta el margen de error de la
encuesta, etc. polémicas varias, pero la pobreza femenina sigue siendo el dato
que no cambia, y que de ser más estrictos, podríamos caracterizarlo aún peor.
El panorama del jaguar latinoamericano
¿Es de
sorprendernos que ese 1 % sea parte de
los sectores más conservadores de Chile, esos mismo que hacen un llamado y todo
el lobby posible para respetar 'la vida', negándose históricamente a legislar
por sobre asuntos como el aborto y la eutanasia?
No es casual que
en Chile, los más influyentes conservadores, son los mismos que ostentan la
mayoría del poder económico. Tanto en la cámara baja, como en la senatorial,
los partidos de derecha, representados por la Unión Demócrata Independiente,
Renovación Nacional, bancadas representantes del actual gobierno de derecha, y
la Democracia Cristiana, partido de oposición, cada vez que se ha intentado
legislar en estos temas ‘valóricos’ sobre la vida- anticonceptivos,
preservativos, píldora del día después, aborto, etc.- se ha opuesto rotundamente,
apelando al respeto a su filiación
religiosa, aliándose con la voz de la iglesia en este aspecto. La mayoría de
estos parlamentarios son activos empresarios, accionistas, hombres de negocios
del 1 %, y de no serlo, representan a aquellos al momento de legislar. La
iglesia se las ingenia para que su voz repercuta y, hasta el momento, sea
mandatoria como política de estado.
Esos mismos
pro-vida que se alinean para la defensa de la vida, los mismos que se alinean
para el saqueo del país, como es el ejemplo de la ley Longueira de pesca-que
lleva ese nombre en honor al ministro que la llevó a cabo-, ley que permite que
seis familiar del país se empoderen de casi la totalidad de los recursos
marinos, dejando con prácticamente nada a miles de pescadores artesanales a lo
largo de las costas del país,
o todos los proyectos de explotación energética y minera que se han llevado a
cabo en las últimas dos décadas, proyectos que no se condicen con el respaldo a
la vida, menos aún a una buena vida, sino más bien a intereses económicos de
minorías. Estos son solo ejemplos de cómo los pro-vida, son los mismo que
gestionan los proyectos de ley para la gran industria y monopolios económicos.
Ahora, ser mujer
en Chile es una condena a la desigualdad. Lejos queda la idea de los jaguares
de América Latina que nos dio la ilusión
de la bonanza económica impulsada por el modelo neo-liberal impuesto por la
dictadura de Pinochet en la década de los ochentas. Para las mujeres la
situación se ha tornado distinta, pero no mejor.
Recientes
estudios muestran un incremento en el embarazo adolescente, incremento que
repercute, casi por triste obviedad, en las clases más pobres. Según cifras
presentadas a finales de 2011 por el Ministerio de Desarrollo Social, se indica
que 40.000 de 250.000 niños nacidos en Chile, son hijos de madres entre 10 y 19
años, y de estos, el 65 % pertenece al 40 % más pobre de la población. Solo el
1 % corresponde al 20 % más rico. Según cifras de la ONU, 1 de cada 4
adolescentes será madre. El problema traspasa el límite de lo meramente
económico, transformándose en un problema de políticas educativas. ¿En qué se
está educando a nuestros jóvenes con respecto a su sexualidad?
Chile carece de
una política efectiva para evitar los embarazos no deseados. A los ciudadanos
se les tramita en los consultorios y hospitales públicos desde los condones,
hasta la píldora del día después, en las escuelas simplemente no se entregan,
ahí también se les dice a los padres que hablen con sus hijos, en vez del
Estado hacerse cargo de una política igualitaria, pero en Chile difícilmente se
cuenta con educación pública, casi toda está privatizada y hay libertad de
enseñanza. En un gobierno de derecha conservadora, -otrora mano derecha de la
dictadura militar- es necesario y no imposible, abrir la discusión sobre
legislar para garantizar el derecho al aborto.
La discusión con
respecto al aborto, luego del retorno a la democracia, ha estado presente en
reiteradas ocasiones. Según una encuesta de Miles Chile, el 70 % de
la mujeres está a favor que se legisle por sobre el aborto terapéutico, pero
aun así, ya el año 2011, Sebastián Piñera amenazó con veto presidencial en caso
de aprobarse cualquier ley de este tipo. El aborto sigue prohibido y tipificado
como delito de no ser espontáneo.
El gobierno de
derecha conservadora liderado por Sebastian Piñera, presidente y
multimillonario empresario, en la voz del ministro de salud, Jaime Mañalich,
manifestó en estos días-al igual que en un sin fin de otras ocasiones las
últimas décadas- que si se legisla por sobre el aborto, como ha sido solicitado
nuevamente esta semana por organizaciones sociales en voz de parlamentarios de
oposición, es decir, tan sólo sobre el aborto en casos de violación, incestos,
cuando peligre la vida de la madre o la vida del feto sea inviable, lo que se
está pidiendo es un aborto eugenésico. En palabras del mismo Mañalich,
estaríamos hablando de un aborto "eugenésico, que quiere decir que en
determinadas condiciones, en que la vida de este niño no puede seguir adelante
entonces debemos asesinarlo, las cosas hay que decirlas por su nombre".
Ser madre en Chile, un camino con muy poca
posibilidades de elección
Ser madre, se
pinta como bendición que debe ser siempre bien recibida,- según el discurso que
prima en las voces de grupos ligados al catolicismo, religión de la mayoría
censada, religión aliada de la mayoría de ese 1 % tan poderoso - pero no puede
ser de esta manera si: (i)la mujer no quiere; (ii) pone en peligro la propia
vida de la madre; (iii) la condena a una pobreza no solo material, sino que
educacional también; (iv) le impone el rol de madre por sobre el de ser mujer
en la forma que ella quiera, y lo que es más grave, (v) le impone una
determinada ideología de la cual ella puede o no formar parte-católica por
sobre todo.
Poder, conservadurismo y el futuro para una ley de
aborto
Entrelazar la
concentración del poder del económico en Chile con la legislación del aborto no
es azaroso, más aún si la mediamos con la intervención constante de la iglesia
católica. La relación entre las esferas del poder económico y la institución
paradigmática del conservadurismo en temas morales no es nueva. Cada vez que se
abre una oportunidad de discutir el aborto en sus diversas formas y
posibilidades,- el caso actual es de aborto terapéutico en casos especiales,
tales como de violaciones, incesto, peligro de vida de la madre o inviabilidad
fetal- la mano de la iglesia preponderante en el país no hace esperar.
La discusión de
nueva nada tiene. Ya el año 1994, el Instituto Guttmacher entrega el primer
estimativo serio sobre las cifras de abortos clandestinos en Chile: 160 mil
abortos anuales, siendo entre 115 mil y 120 mil realizados a mujeres católicas
y pobres. Hoy por hoy, a casi dos décadas, éste es el único estudio serio con
el que se cuenta.
Que una ínfima
parte de la sociedad chilena concentre la riqueza de toda una nación es
aberrante, pero que esa minoría se asocie con la religión que agrupa a la
mayoría de la nación, confabulándose para boicotear cualquier intento por
legislar en el asunto es aún peor. Las mujeres no son sólo ya las más pobres,
sino que se les es negado el derecho de decidir sobre sus vientres, incluso en
casos extremos de violación y la continuidad de su propia vida.
El poder de las
elites económicas en el debate del aborte se concentra, principalmente, en el
lobby parlamentario, en educación y salud. Recordemos que en Chile, el estado
financia gran parte de la educación y la salud es financiada por el estado,
pero son los privados quienes la manejan a su antojo, dejando, en el caso de la
educación, a la iglesia gran parte del trabajo, por lo tanto gran parte de los
jóvenes solo son instruidos en un llamado a la abstinencia y a preguntarle a
sus padres.
El discurso de
los pro-vida, parlamentarios, organizaciones de jóvenes católicos como “Siempre
por la Vida” y la iglesia; el discurso un gobierno abiertamente católico y que
no respeta su separación con el estado chileno; cifras de abortos clandestinos
donde la integridad de la mujer es degradada y puesta en peligro, nos dan para
pensar que la perversa relación que existe entre el poder del dinero y la
fe en un país que mantiene al derecho de
toda mujer a abortar en la ilegalidad y el tabú. Son los más pobres, sobre todo
mujeres, quienes pagan con las consecuencias de este acallar. Se estima que la
cifra de abortos clandestinos no ha bajado, si no que se podría haber
incrementado, y quien posee mayores recurso, podría procurarse condiciones más
idóneas que quien los tiene por más escasos. Difícil es entregar datos desde la
clandestinidad.
Con las altas cifras de embarazo adolescente y
sus consecuencias sociales en el largo y corto plazo, Chile debe entrar en un
proceso donde las consideraciones de grupos religiosos o ideológicos
determinados deben ser puestas en segundo plano al minuto de entrar a tratar
políticas públicas, en este caso de sanidad y salud, luego de eso, viene la
libertad de cada uno de los sujetos. Según el último Senso y encuesta CEP
(Centro de Estudios Públicos), el porcentaje de declarados católicos en Chile
se calcula entre un 70 y 72 %, pero aunque fuesen el 99,9 % de la población,
los temas valóricos y concepciones morales no debiesen interponerse en lo que
respecta al Estado, el cual debe proporcionar las condiciones idóneas para el
cuidado y buen vivir de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a elegir por
sobre su propio cuerpo, con esto se
permitiría no relegar las prácticas abortivas a la clandestinidad.
La pelea por la
distribución de Postinor 2, la píldora del día después, se ganó a medias, dado
la burocracia y resquemor de la
autoridad a entregarla es evidente. Hasta el día de hoy las opciones para
obtenerlos son: o demostrar que uno ha sido abusada o cargar con una receta
médica que cualquier ginecólogo con criterio la debiese entregar. Esto parece
inconcebible si su distribución y repartición fue aprobada por el congreso el
año 2007. En los municipios de derecha la situación se torna aún más compleja.
La educación sexual de los jóvenes en Chile es
prácticamente inexistentes; preservativos
y control de natalidad no son incentivados como parte de las políticas públicas
para prevenir el embarazo adolescente y las Enfermedades de Transmisión Sexual,
la perversa mano de la iglesia aún aparece como la principal causante del
resquemor a promover su uso y sana socialización, claro, ellos manejan gran
influencia en este ámbito. Lo que se debe y no hacer con el cuerpo se lleva a
las aulas donde ya todos notan que la absurda idea de la 'abstención sexual' no
fue, ni nunca será.
El futuro para
legislar una ley de abortos en las condiciones que está siendo presentada hoy
debiese llegar a buen puerto, pero el problema al que se enfrenta es el mismo
de siempre: los poderosos, los ricos y las ideologías, todos unidos para
truncar y rebatir lo irrebatible. Ya la semana pasada, en un esfuerzo por
contrarrestar una nueva iniciativa para legislar, el precandidato presidencial,
Andrés Allamand, propuso un bono para las madres adolescentes, alegando que
había que premiarlas por no haber abortado.
Chile, el país
más desigual del mundo se debe, en pos de la igualdad, intentar sacar adelante
una ley de aborto que saque de la clandestinidad una práctica que es, por sobre
todo, el derecho de cada mujer para decidir sobre su propio cuerpo.
